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SOCIEDAD DE AMIGOS EN DEFENSA DE LA GRAN SABANA

HOY 8 DE ABRIL 2012 FELIZ 26 CUMPELAÑOS AMIGRANSA

HOY 8 DE ABRIL 2012                                                           FELIZ 26 CUMPELAÑOS AMIGRANSA

GRACIAS A LA MAGICA GRAN SABANA POR PERMITIRNOS CRECER Y EVOLUCIONAR EN SUS SABANAS, RIOS Y RODEADOS DE LA ENERGIA DE SUS TEPUYES....., GRACIAS A ESOS SOBRECOGEDORES CIELOS Y ATARDECERES, A LA FUERZA DE SUS CASCADAS....., GRACIAS SIEMPRE POR ENSEÑARNOS  Y MOSTRARNOS LA GRANDEZA DE DIOS  EN TU CREACION  Y POR IMPULSARNOS A DEFENDER Y CUIDAR TODAS ESTAS MARAVILLAS  A TRAVES DE ESTA ENRIQUECERDORA EXPERIENCIA QUE ES LA SOCIEDAD DE AMIGOS EN DEFENSA DE LA GRAN SABANA- AMIGRANSA, QUE HOY CUMPLE 26 AÑOS DE FUNDADA

 

 

Aragua ,Carabobo y Caracas consumen agua contaminada?

¿Agua mala para Caracas?

Los trasvases que operan en el centro del país pudieran estar contaminando los embalses que surten a la capital. Y la situación en Valencia y Aragua amenaza con empeorar. Por Oscar Medina

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Casi la totalidad de la superficie del embalse La Mariposa está cubierta de Bora, lo que evidencia alta concentración de nutrientes y fósforo aportados por aguas servidas y fertilizantes OSWER DIAZ MIRELES
 
"Desde 2007 se dispararon los parámetros de cloro residual y aluminio en el agua de Valencia", señala Lucio Herrera, del Movimiento por la Calidad del Agua y coordinador de la región central de la organización Anauco: "El mayor uso de cloro para la potabilización es evidencia de mayor carga bacteriana. Y el peróxido de aluminio lo usan para clarificar el agua. Ambos elementos superan las normas establecidas. Eso coincidió con el trasvase del Lago de Valencia al Pao Cachinche. Imagina lo que podrá pasar si se aumenta a 18 mil litros por segundo".
¿Agua mala para Caracas? - Nacional y Política - EL UNIVERSAL http://bit.ly/AiHUGk via @ELUniversal

Mafias en Alto Paragua :explotacion de oro y destruccion de la naturaleza en la Guayana Venezolana

Mafias en Alto Paragua :explotacion de oro y destruccion de la naturaleza en la Guayana Venezolana

Continúa la explotación ilegal
de oro en el sur de Bolívar

Los más diversos negocios ilegales surgen alrededor de la explotación del oro
Líderes de la etnia pemón que controlan la bulla de Tonoro desconocen la autoridad militar en la zona.
Los seis homicidios ocurridos el 9 de febrero por un enfrentamiento entre bandas de mineros permanecen impunes.
Alexis Romero, máximo líder de la comunidad pemón del Alto Paragua, atravesó el puesto de control militar que está ubicado en el salto de Uraima acompañado de dos jóvenes que le servían de escoltas; uno de ellos portaba una escopeta. De ese modo, el cacique reafirmaba su autoridad sobre la zona, aunque ello significara un desafío al Ejército.
En ese mismo sitio, el 31 de octubre de 2011, los indígenas sometieron, desarmaron y detuvieron a 23 soldados. La desventaja en que se encontraba ahora Romero para enfrentar a un pelotón armado con fusiles de guerra permitió a los militares apostados en Uraima vengar la humillación que habrían sufrido 3 meses antes.
El escolta fue desarmado y un anciano pemón terció en el altercado: “¿Por qué no terminan de entender que estas tierras son nuestras y que aquí gobernamos nosotros?”.
Furioso, el cacique tomó una curiara y se trasladó hasta la comunidad Manareken para reportar el incidente vía radio y activar los planes de contingencia contra cualquiera que pretenda entorpecer la explotación de oro en la mina Tonoro, la cual permanece bajo exclusivo control de los indígenas.
“Cada quien sabe lo que tiene que hacer. No vamos a permitir más atropellos”, advirtió.
La tensión entre indígenas y militares por el control de las minas ha convertido el Alto Paragua en zona de permanente conflicto. A 300 kilómetros de Ciudad Bolívar la fuerza sustituye la legalidad y nadie está dispuesto a ceder.

Tierra arrasada:
En el recorrido fluvial desde el pueblo La Paragua hasta Tonoro, el paisaje va creciendo en exhuberancia. Los manglares se hunden y emergen grupos de piedras, cada vez de más variados tamaños y formas. Con el ascenso, el río y los árboles se agrandan. La sensación de armonía se consolida con la alegría del niño indígena, que sonríe y saluda a los pasajeros de la curiara. Al lado del muchachito, un cerdo limpísimo bebe agua en el centro de un remolino de mariposas amarillas.
Todo cambia abruptamente al llegar al embarcadero de Tonoro, la entrada de la mina que controlan los pemón. Varios indígenas armados con escopetas y vestidos con franelas negras que los identifican como agentes de seguridad interceptan a cualquier extraño. Aunque tenga la autorización de los líderes de la comunidad, el que no sea indígena debe permitir la revisión de sus documentos de identidad y ser fotografiado con teléfonos celulares.
Para llegar a la mina hay que recorrer un estrecho camino de aproximadamente un kilómetro. El verdor del bosque se acaba cuando se llega al campamento de ranchos, en su mayoría recubiertos con plástico negro, donde están instaladas las viviendas, los servicios y el comercio de todo tipo de bienes a precios exorbitantes. Se paga indistintamente con dinero o con oro: un tambor de combustible puede llegar a costar 10 millones de bolívares o 300 gramas (en la mina, el término gramo se utiliza en femenino); un kilo de carne, 300 bolívares o una grama; una caja de 10 pastillas analgésicas, 15 bolívares o media grama.
“Aquí puedes encontrar de todo”, dice una joven pemón, mientras se tiñe el cabello de rojo frente al espejo. La peluquería que montó en el campamento de Tonoro se distingue por una galería de fotos de modelos rubios, de modo que los clientes indígenas escojan a quien quieren parecerse.
En el centro del campamento hay una sucesión de huecos enormes y profundos, que dejan ver la tierra arrasada por la deforestación de aproximadamente cinco hectáreas. La anárquica destrucción del bosque se extiende tan rápida, progresiva e ilimitadamente como la desesperación que caracteriza la búsqueda, por lo general ilegal, de oro.
“Así es este negocio”, resume un minero no indígena, sin demostrar culpa alguna por el impacto ambiental que causa la explotación por aluvión que se practica en el lugar.

Sin corruptela:
Obediencia, disciplina y subordinación. El liderazgo pemón parece haber tomado los principios que rigen en teoría la institución castrense, para tratar de convertir la mina Tonoro en un ejemplo positivo.
El único vocero autorizado de la comunidad es el capitán Alexis Romero, pero está impedido de dar declaraciones a la prensa por orden del tribunal que lo procesa junto con otros cinco líderes indígenas, imputados de los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela, en relación con los sucesos del 31 de octubre de 2011.
Romero estuvo preso en La Pica y ahora está en libertad condicional, por la intercesión de un sector del Gobierno que teme los efectos de una sublevación indígena en el sur del estado Bolívar.
Sin embargo, en una especie de plaza central del campamento, Romero explicaba a los allí reunidos que es necesario cambiar la imagen que se tiene de la mina como epicentro de una maraña de delincuencia, vicios y corrupción: “Aquí no hay ni habrá corruptela”, como llaman a la zona de tolerancia para la prostitución y el tráfico y consumo de drogas, que forma parte de la estructura habitual de las minas.
“Este es un proceso. Los cambios no van a lograrse de la noche a la mañana. Lo primero es reafirmar nuestros derechos sobre el territorio que nos pertenecen por derecho ancestral. Lo segundo es organizarnos para erradicar los vicios y las amenazas de los mafiosos.
Luego nos ocuparemos del asunto ambiental; por ejemplo, de la propuesta que nos hizo la ministra (de Pueblos Indígenas) Nicia Maldonado de convertir los huecos que quedan en lagunas para criar peces”, razonaba el cacique ante los pemones que lo oían.
Las mafias en las minas del Alto Paragua:
“Desde hace diez años soy minero y nunca había estado en una mina de donde brotara tanto oro”, afirma el hombre que salió de Manasa, la bulla más reciente descubierta en el Alto Paragua, donde el 9 de enero hubo por lo menos seis muertos en un enfrentamiento entre bandas armadas.
El individuo asegura que presenció los hechos: “Los 24, que son unos colombianos también conocidos como Los Negros, se enfrentaron con Marco Polo, que es ficha de Wilmito, el que era pran de la cárcel de Vista Hermosa. A punta de pistola, Los 24 estaban desalojando a la gente de las zonas de la mina donde había más oro; se metieron con uno de la banda de Marco Polo y al día siguiente se enfrentaron a tiros”..
Ambos grupos delictivos son conocidos en todo el sur del estado Bolívar, pues se trasladan constantemente por la zona para apoderarse de las nuevas bullas mediante la fuerza y el terror.
“Yo los he visto en Tumeremo y en el kilómetro 88. Nadie puede con ellos. Tienen tanto dinero que pueden pagarle a cualquiera para continuar mandando en las bullas”, afirma otro minero, que también estuvo en Manasa y 15 días después de los homicidios asumió el riesgo de regresar por picas abiertas en los bosques, ya que la mina permanece militarizada.
El general del Ejército Julmer Román Yépez Castro, comandante de la V División de Infantería y Selva y del Teatro de Operaciones Número 5, no permitió el acceso de la prensa para ver en qué estado se encuentra la mina Manasa, pero negó que allí hayan muerto seis personas y que ahora esté siendo explotada por militares, como afirman algunos indígenas.
“Entramos en las minas y destruimos los campamentos donde vive esa gente en condiciones infrahumanas, inhabilitamos los motores ­con disparos o con C-4, según relató un minero­ y cortamos las mangueras… todo lo que está previsto en la Ley Penal del Ambiente; pero la ley no permite la detención de las personas. A pesar de los puestos de control que tenemos en el río, ellos se meten por los caminos verdes”, confirmó Yépez Castro. El militar trató de explicar las dificultades que afronta para ejercer control militar en la zona minera: “Estamos hablando de 480 kilómetros cuadrados de selva”.
La impunidad de los grupos delictivos instalados en las minas agrava la situación. Transcurrido mes y medio de las muertes en Manasa, el Ministerio Público no ha informado sobre los resultados de las investigaciones.
Entre la suerte y la muerte:
“Todo el mundo come de la minas”, dice el conductor de un vehículo de transporte público, y ofrece un ejemplo: “Estas navidades fueron buenas para La Paragua porque la mayoría del pueblo cogió para las dos últimas bullas y regresó con real”.
Alrededor de la explotación del oro surgen los más diversos negocios que involucran a muchos más de los que se internan en la selva del Alto Paragua. “Por tres días, una semana o un mes, todo depende de la suerte”, afirma un muchacho de 17 años de edad, que procede del kilómetro 88 y está dedicado a la minería desde los 10 años. “Aquí se gana real, pero todo es muy caro. Con lo que me queda, me compro ropa y le mando a mi mamá”, dice el joven, después de una agotadora jornada de más de ocho horas, que ese día estuvo agitada por un accidente que se repite con frecuencia: dos hombres fueron tapiados por un alud de tierra, que casi los mata.
El traslado de un lesionado o enfermo desde las minas del Alto Paragua hasta el hospital más cercano implica una travesía de más de cuatro horas en curiara.
Un minero de 30 años de edad, oriundo de Barinas y que desde hace dos meses no ve a su familia, lo dice a su modo: “En las minas te puedes hacer rico en un momentico, pero en un momentico puedes quedar sepultado por un deslizamiento o por el balazo de un malandro que quiere todo el oro para él. Y también en un momentico puedes perder todos los reales que te ganas, si te metes en una corruptela ­ese el nombre que se le da a una especie de bar que existe en la mayoría de los campamentos­ y te enamoras de una prostituta”.
El que procede del kilómetro 88 y el que viene de Barinas trabajan para un pemón que es dueño de dos “compañías”, como se denomina el equipo integrado por cinco mineros y una cocinera. El empresario proporciona las maquinarias (motores, bombas, mangueras), para lo cual hace una inversión de aproximadamente 35.000 bolívares y, además, costea la manutención de los empleados; se queda con 60% del oro extraído y el resto se divide en partes iguales entre los mineros y la cocinera.
La mayoría de las viviendas que rodean la inmensa fosa que queda en el bosque después de la explotación de oro por aluvión parecen carpas de plástico negro. En algunas hay artefactos que ofrecen relativo confort, como cocinas, refrigeradores y televisores de pantalla plana. En la mina Tonoro, al lado de la antena de una compañía de televisión por satélite, se secaban unos huevos de iguana.
El traslado de todo tipo de mercancías desde el pueblo de La Paragua (y a veces desde Ciudad Bolívar, San Félix e incluso Caracas) hasta las minas incrementa los costos, sobre todo de las que están indudablemente destinadas a la minería ilegal, como motores, combustible y mercurio. En el puesto de control militar localizado en el salto Uraima del río Paragua, un soldado da una explicación: “Todo eso lo metieron los mineros antes de que nosotros llegáramos aquí”.
En la entrada de la mina Tonoro, el hombre que una vez por semana traslada 10 barriles, cada uno con 200 litros de gasolina, se justifica: “Vendemos cada barr il hasta en 8 palos ­8.000 bolívares­ por todo lo que tenemos que pagar en vacunas”.
“No basta nacionalizar”:
“Vamos a preservar la selva y los ríos. ¡Ajá! ¿Y qué vamos a hacer con los 50.000 mineros?”. La pregunta del antropólogo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Sergio Milano, es un reto a los ecologistas, a la reconversión minera ensayada sin éxito por el Estado en 2005 y al Decreto Presidencial de nacionalización del oro, en vigencia desde agosto de 2011.
“No se puede imponer un modo de producción. Es difícil imaginar a un hombre casi analfabeto interviniendo en igualdad de condiciones en la exploración o explotación desde una empresa mixta. No basta nacionalizar la industria del oro”, opina Milano.
El investigador sostiene que el Estado debe ir más allá de la estigmatización del minero como depredador del ambiente: “Y no solamente contaminan, sino que se contaminan con el uso del mercurio, con una temeridad que llega al extremo de poner en peligro a sus propios hijos”.
Para disminuir los estragos de la minería, Milano sugiere al Estado: precisar cantidad y ubicación, tanto de mineros como de territorios impactados; crear un banco estatal que compre el oro, previa regularización de la explotación; y aplicar un riguroso control del acceso a las minas, para detener el tráfico ilegal así como la proliferación de mafias.
Pronósticos:
Al ecocidio se suma el etnocidio.
Las razones de los líderes indígenas del Alto Paragua para tomar la mina Tonoro están referidas extensamente en un documento suscrito el 25 de octubre de 2011, pero podrían resumirse en la demora gubernamental en la demarcación de los territorios que les pertenecen por derecho ancestral, sumado a las medidas que les impiden beneficiarse de los recursos del subsuelo, como el Decreto Presidencial 8413, mediante el cual se nacionaliza la exploración y explotación del oro.
El reclamo no tiene nada que ver con la idea generalizada de que el indígena respeta la naturaleza y, bajo ninguna circunstancia, es capaz de destruirla.
La antropóloga de la Universidad Experimental de Guayana, Nalúa Silva, ofrece una explicación: “En la mina se trastocan las relaciones sociales propias de los pueblos y comunidades indígenas.
Lo público se privatiza y el afán de lucro individual sustituye la búsqueda del beneficio colectivo. La mina tiene un efecto devastador no sólo sobre la naturaleza, sino sobre las etnias. El resultado final es la pérdida de la identidad cultural y la desaparición del pueblo indígena como tal. Son procesos ecocidas y etnocidas”.


Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
AMBIENTE | MINEROS
Politica | Opinión

En opinión de la Red Alerta Petrolera ’Orinoco Oilwatch’

En opinión de la Red Alerta Petrolera ’Orinoco Oilwatch’

 "el dramático panorama que presentan las áreas de exploración y explotación petrolera a todo lo largo del país, por la destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, deforestación de bosques y manglares, contaminación de acuíferos, ríos y mares, subsidencia, impactos negativos en la cultura y la sabiduría tradicional, deterioro en la calidad de vida, de la salud y de la economía de los pueblos, la violación de los derechos humanos y el desconocimiento de principios constitucionales que resguardan las tierras y territorios de comunidades y Pueblos Indígenas, son factores desestabilizadores, que promueven el desalojo y cambio en las sustentables formas de vida y provocan la migración, el desarraigo, la pobreza y la violencia"

 

Comunicado de la Red ARA ante el desastre socio-

ambiental causado por el reciente derrame

petrolero en el Estado Monagas


Por Red ARA

La Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red ARA) manifiesta su profunda preocupación por la situación ocurrida en la planta de bombeo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Jusepín, Estado Monagas, el pasado 4 de febrero de 2012, la cual ha afectado a la población del estado y ha generado impactos a la biodiversidad y los ecosistemas de la región, cuya magnitud y consecuencias deben ser claramente establecidas.
Consideramos sumamente grave la falta de información oportuna, suficiente y técnicamente sustentada, sobre la magnitud del suceso, los impactos ocurridos y los procesos para minimizar los mismos, incluyendo
la salvaguarda de la salud y seguridad de los pobladores del estado, así como de las personas que están participando en las labores de saneamiento del río.
En tal sentido, la Red ARA hace un llamado a PDVSA para que fundamentado en evaluaciones técnicas y en cumplimiento de la Constitución Nacional, en sus artículos 127 y 129 y en la normativa ambiental vigente, informe al país a la brevedad posible, sobre la situación existente y los procesos de contingencia y mitigación de los daños ocurridos, las medidas tomadas para el saneamiento ambiental a corto, mediano y largo plazo de los ecosistemas afectados, así como de las iniciativas necesarias para prevenir situaciones similares en el futuro.

Asimismo, solicitamos que se evalúen y actualicen, a la brevedad posible, los planes de gestión ambientales de las empresas del Estado a fin de minimizar, los impactos en el ambiente, así como evitar que se repitan en el futuro situaciones como la recientemente ocurrida. Esta acción deberá incorporar a las universidades, institutos de investigación, comunidades y la sociedad civil organizada, de tal manera de hacer realidad el sueño de alcanzar una patria participativa y protagónica.
Igualmente, exhortamos al Ministerio Público, y al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y otros organismos competentes, a establecer las correspondientes responsabilidades, sanciones y reparaciones derivados de esta situación, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, así como a dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de dichas medidas.
Por otra parte, respaldamos las investigaciones que vienen adelantando con respecto a esta situación por distintas instancias y organismos del Estado, así como las declaraciones y alertas realizados por instituciones, organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremiales del país.
Por último, la Red ARA invita a todos los ciudadanos a estar alerta y hacer seguimiento a éstos y otros eventos que impactan negativamente el patrimonio natural y la calidad de vida de nuestra población, así como a prestar su mayor colaboración ciudadana, personal y profesional, tanto en la mitigación de los daños ocurridos, como en la prevención de impactos similares.
Caracas, 27 de febrero de 2012
Comité Coordinador de la Red ARA
redara.venezuela@gmail.com

amigosgransabana@gmail.com

Ecocidio petrolero en Venezuela amenaza Reserva Forestal Guarapiche

Derrame de petroleo en el Guarapiche , un rio con su propia historia.





A propósito de lo que está sucediendo en el estado Monagas, ello con motivo del derrame de petróleo producto de la rotura de un oleoducto, vertido que ha ido a parar al rio Guarapiche; traemos al presente un caso en el que el citado curso de agua fue parte de un contrato, ello con motivo de la concesión del Lago de Asfalto de Guanoco, en el ayer estado Bermúdez, entidad que para los años de 1830, y hasta 1856, y luego de tantos cambios de jurisdicción y denominación, fusiones, separaciones, cambios de nombre, hasta 1889 cuando nuevamente se establecen los 20 Estados de la Federación y en 1904 Maturín se reduce a ser capital del distrito Monagas del estado Bermúdez y el 14 de agosto de 1909 se le cambia el nombre reafirmando su existencia como Estado Monagas; sería entonces escenario de la superficie de tierra en cuyas áreas se otorgaría una concesión para la explotación de una mina de asfalto localizada en un lago allí asentado.

Y fue en ese estado Bermúdez, hoy Monagas , a Horace R. Hamilton y a George A. Phillips, durante la gestión de gobierno del general Joaquín Crespo, a quien se le otorga una generosa concesión, suscrita el 15 de septiembre de 1883, por el Ministerio de Fomento y el concesionario, y a partir de ese momento, en el lago de asfalto de Guanoco, figura legal que se formaliza para la exploración y explotación de los recursos naturales que se localicen en el yacimiento otorgado , allí se inicia el aprovechamiento de un material que bastante falta hacía en las calles y avenidas de ciudades del norte de la América , que reclamaban los mejores aportes para incrementar su desarrollo y calidad de vida: el asfalto.

Cláusula agregada a posteriori, una de ellas tal vez la de mayor importancia,del contrato suscrito el 30 de mayo de 1884, y no era otra que el que el contratista se veía obligado a canalizar uno o más ríos del estado Bermúdez,hoy Monagas, iniciándose las actividades con los caños Colorado y Guarapiche, razones de cualquier naturaleza pudieron haber influido para no darse inicio a las actividades en el tiempo previsto, y menos aún la canalización de los citados ríos, lo que obligó a dársele una prorroga hasta el 30 de marzo de 1886, ínterin en el que, en 1885, Hamilton negocia en Nueva York, donde se va a constituir una compañía: The New York & Bermúdez Company, registrada en Nueva York el 24 de octubre de 1885,

A esta breve introducción, la que se hace no con otro motivo que el de referir el citado y hoy conocido por los motivos del derrame petrolero, rio; vámonos con el asunto que nos ocupa, desde el punto de vista ambiental, luego de ubicarnos en el escenario en cuestión y la larga data de abandono al que ha estado sometido ese curso de agua , hoy por la rotura de un oleoducto en el Complejo Operacional Jusepín,que ha vertido la cantidad de 60 mil barriles de petróleo , hasta donde se sabe, dudas que nos asaltan ante tanta evasión de responsabilidades, que ya es usual en eventos de esta naturaleza, afectando el medio ambiente , en su expresión de la flora que es lo más innegable, más se debe desconocer lo que se refiere a las afectación de la biodiversidad acuática que habita en su cauce, eso llevara su tiempo y al final no se sabrá nada.







Pero lo que sí es inocultable es el perjuicio que está causando a más del 80% de la población que se suple de las aguas rio , habitantes de Maturín, emergencia en 7 parroquias de la ciudad, La Murallita, Viento Colao, Santa Inés, callejón Cumaná, avenida Rojas, El Caro, Boquerón, Morichal, El Tamarindo y Campo Ayacucho, al decir del gobernador, población que se está surtiendo de agua mediante cisternas, insuficientes, 208 cisternas que necesitan, sólo cuentan con 50, dice de nuevo el gobernador, que no tienen acceso al agua potable, por ser este río suplidor del vital líquido a toda la entidad, “suspensión de las clases indefinidamente, tanto en instituciones públicas como privadas, y los horarios de las oficinas de la administración pública quedaron restringidos”, vale decir carnavales adelantados en perjuicio de una comunidad escolar que poca culpa tiene de los males que derivan de este accidente, por no hablar de los otros, los funcionarios públicos, que estarán disfrutando de la medida oficial.





Las razones de tal avería, dan pie al comienza el torneo de evasivas y opiniones, cuando al final el daño ocasiona por igual las mismas calamidades a la población y el ecosistema : “que el derrame ocurrió por la fisura en una tubería de 20 centímetros y no por una explosión, como inicialmente se difundió”, salta uno por allá, rodeado de un bosque de micrófonos con la voz engolada. “Observadores mostraron preocupación porque el derrame puede alcanzar el río San Juan y, de allí, el mar Caribe “, Señalaron que habitantes de la zona participan en la limpieza del cauce, pero sin los equipos adecuados”, riposta el otro, con más propiedad que el anterior. “El Ministerio del Ambiente difundió un comunicado en el que señala que entre las medidas que se han tomado incluyen la colocación de barreras con material absorbente y equipos que extraen el crudo por succión en varios puntos del río Guarapiche”. “Todavía no hay información sobre las consecuencias del derrame en el ecosistema”. “La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional precisó que se trasladará el próximo lunes a la zona, para evaluar las consecuencias de lo ocurrido”. “La empresa Aguas de Monagas informó que mantiene cerrada la planta de potabilización de Bajo Guarapiche desde que ocurrió el derrame”. “Maicavares hizo un llamado para que la comunidad se abstenga de entrar en contacto con las aguas del río Guarapiche y de consumir los peces que flotan, muertos, en la superficie del cauce”. Asevero otro “que el petróleo estaba lejos de Maturín, el lunes, que fueron las continuas precipitaciones las que aumentaron el nivel del cauce y desplazaron el hidrocarburo. Los aguaceros también han incidido en las labores de captación del crudo en el afluente”. “Es necesario que se recoja todo el crudo, en caso contrario, se secarán los árboles, posiblemente la tierra quede infértil y a lo largo del tiempo puede que los peces inicien una mutación genética“. Aquí aplica lo del agua tibia, o el descubrimiento de la polvora. Recordó otro, de la industria, “que las instalaciones del pozo en Jusepín fueron construidas en 1987 y para la época, no fueron tomadas las precauciones a fin de evitar este tipo de desastres naturales. “Esto ya es el colmo de la irresponsabilidad. Pero no conforme con ello se fue de pronósticos: Explicó que “el saneamiento depende del tiempo que la empresa tarde en recoger el petróleo”.



Pero a ninguno se le ocurre, ni de casualidad, mencionar el Artículo 28 de la Ley Penal del Ambiente. Vertido Ilícito que dispone "…El que vierta o arroje materiales no biodegradables, sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas residuales no tratadas según las disposiciones técnicas dictadas por el Ejecutivo Nacional, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de las aguas, sus riberas cauces, cuencas mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo los sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de degradarlas, envenenarlas o contaminarlas, será sancionado con prisión de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo”.

Mucho menos mencionar el decreto 2.224, de23 de abril de 1992, el que va a establecer de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme de las Naciones Unidas, la regulación de los vertidos líquidos que posteriormente en el artículo 3 de ese decreto, se someterán a su aplicación , en base a los indicadores allí especificados. Cuando igualmente las descargas a los cuerpos de agua estarán sometidos a parámetros de calidad fisco químico y límites máximos permisibles o rangos, que no sería este el caso cuya ocurrencia si bien no fue por causa fortuita, si lo pudo haber sido por falta de mantenimiento de los si temas de conducción del crudo, lo que si caería en la comisión de un hecho punible, a quien recaerá, en consecuencia la sanción penal que el juez de la causa, determine.




Definiciones que estan en una Ley Penal del Ambiente, que sabemos que existe más desconocemos su aplicación, cuyo objeto no es más , y lo es suficiente , que : “ tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación , defensa y mejoramiento del ambiente y establece las sanciones correspondientes”, contenido en acciones que por típicas y antijurídicas estuviesen enmarcadas en la misma ley como delito y de allí la capacidad sancionatoria del Estado, por vía de los tribunales penales, ante aquellas conductas que se adecuasen a esa característica penal y presupuesto constitucional bajo la determinación del principio de legalidad. No nos corresponde más que emitir estas opiniones, a otros la obligación de averiguar en su justa dimensión los alcances del daño ambiental y
las responsabilidades del caso.


Fotos. La Prensa de Monagas.
Eulin González.